Ginés Sánchez

Seguridad nacional es tema prioritario en Israel, y no está de sobra decirlo, es mediante lo cual justifican sus abusos al pueblo palestino. Su gasto en armamento es impresionante, mientras los territorios ocupados crecen; convertida su dominación en “tierra santa”, en dogma, todos sus jóvenes se ven ante un durísimo servicio militar obligatorio, dónde el que no coincida con sus ideales expansionistas e invasores, es tachado de “traidor a la patria” o “asesino de niños”, por ejemplo.

Algunos defensores del antisemitismo hacia dentro de Israel (que los hay y no pocos) son marginados en los hechos, llegando a acuñar un término para estos críticos: el de “self hating jew” o judío que se odia a sí mismo, en español.

Quien se atreve pues, no sólo a señalar la tragedia palestina provocada por gobiernos israelitas, o incluso a no aplaudir los excesos, cada vez mayores, de la Magav (guardia fronteriza israelí) son presa de ataques y hostigamiento, colocándoles etiquetas como las ya mencionadas o limitándolos en sus oportunidades, llevando a algunos ciudadanos, que son israelíes y judíos, a hacer ‘yeridá‘, es decir, a marcharse de Israel.

Lo contrario al ‘yeridá‘ seria el ‘ariyá‘ (ascenso, en castellano) que es un derecho del que gozan todos los judíos en el mundo de inmigrar a Israel, de hecho, esto es en buena medida la base del Estado de Israel, creado recién en 1948.

Bajo esta política migratoria es que el comentócrata y diplomático mexicano Andrés Roemer se acoge y refugia en aquel país, dónde fue recibido sin obstáculos, y en los hechos, se le brinda un manto protector cómo a cualquier judío que ha arribado ahí perseguido, pero este individuo es perseguido, sí, pero por la justicia mexicana, por numerosas denuncias de acoso sexual y violación, convirtiéndose el referido manto protector en uno que brinda, sin más adjetivos, impunidad.

Y es que Roemer, por increíble que parezca, contaba con una calle con su nombre en la ciudad de Ramat Gam desde 2019 y hasta el pasado verano, en que la decisión fue revertida, rebautizándola a su nombre original, sus méritos para tal honor: el desacato al gobierno mexicano de emitir su voto, cómo representante de México ante la Unesco en 2016, acerca de una resolución que enfatizaba antiguos lazos del pueblo judío con santuarios en Jerusalén, esta también, en detrimento de vínculos islámicos; el abierto apoyo a criterios sionistas, sin duda pesa ante en la decisión de no entregarlo en extradición a las autoridades mexicanas, cómo estas lo solicitan.

El que a una calle se le haya retirado su nombre no significa para las víctimas, ni un atisbo de justicia para su dolorosa causa.

En cuanto al caso de Tomás Zerón de Lucio, la protección del gobierno de Israel se debe al hecho de las relaciones de negocios multimillonarios de este cómo funcionario con empresas de aquel país, en cuánto a la adquisición de equipos destinados al tema de la seguridad nacional, específicamente el tan mediático sistema Pegasus, destinado fundamentalmente al espionaje de Estado.

Zerón, acusado en México de alterar la escena del crimen a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en el año 2014 y de malversación de fondos en nuestro país, muy difícilmente será entregado por Israel a México.

No está de sobra decir que en todo lo anterior pesa también el apoyo de México en el seno de la ONU a indagatorias sobre posibles crímenes de guerra cometidos por Israel frente a palestinos.

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