Conoce la situación real del contexto político del estado, argumentan

Dirigentes de varias organizaciones sociales se pronunciaron en favor de Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres y familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, para que sea el fiscal general de Guerrero.

En entrevista, como parte de las actividades para conmemorar el aniversario ocho del asesinato de Luis Olivares Enríquez, quien fue dirigente de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande y para limpiar la imagen errónea que se tiene de él, los luchadores sociales se manifestaron a favor del también colaborador en el área jurídica del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, porque aseguraron que se trata de un luchador social que conoce la situación real del contexto político y social de cada uno de los pueblos de Guerrero, además de que es alguien cercano a la ciudadanía y las organizaciones defensoras de los derechos humanos en la entidad.

“Cada vez que sucede el cambio de gobierno en el estado, las autoridades están acostumbradas a imponer a fiscales a modo, que lejos de ayudar a resolver las situaciones de esclarecimiento de los crímenes que se han cometido en Guerrero y que en nada ayudan a romper el coto de impunidad, por eso es que ahora los que formamos parte de la lucha social no queremos que eso se repita. Deseamos que se imparta justicia en los casos de los compañeros que fueron asesinados, desaparecidos, hostigados y desplazados, ya que actualmente toda la sociedad es víctima de una política que lejos de ayudar a resolver los problemas se pone al lado de los delincuentes”, aseguró Diana Itzel Hernández, representante de la Organización Indígena Campesina Vicente Guerrero.

Entre los manifestantes a favor de Vidulfo Rosales están Norma Mesino Mesino, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS); Celene Olivares Romero, hija del desaparecido Ranferi Hernández Acevedo; Pablo Abad Díaz, del Frente Popular de la Montaña; César Suárez y Eleuterio Madero, del Frente de Organizaciones Unidas (FOU); Cuauhtémoc Contreras Javier, de la Fundación Lucio Vive; Julia Suárez, representante de las Preparatorias Populares.

Norma Mesino asentó que la propuesta fue consensuada con los activistas, quienes además sostienen que sea creada una mesa de trabajo con las autoridades donde se dé paso a su propuesta de crear una comisión especial que investigue los asesinatos de los dirigentes sociales que han ocurrido desde 1995 a la fecha.

Por su parte, Celene Olivares exigió a las actuales autoridades federales y estatales que se esclarezcan los crímenes en contra de los luchadores sociales de Guerrero y que se rompa la impunidad de la que gozan los culpables, tanto materiales como intelectuales, además de que demandó la aparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Rodolfo Valadez Luviano