Mayra Martínez Pineda*

La violencia comunitaria existe. Poco se habla de ello en el país, porque se naturalizó, como parte de las costumbres, y se ha vuelto invisible. La “venta de niñas” o el intercambio de mujeres por una “dote” entre familias, en comunidades indígenas, por años se dejó pasar, con la idea de no lastimar a las comunidades en su derecho a la autodeterminación. Derecho que siempre tendrá un límite, el respeto a la dignidad humana.

La venta de niñas y mujeres configura un delito, es trata de personas. La trata de personas es una forma de violencia, de las más extremas. Se presenta cuando una persona promueve, solicita, ofrece, facilita, consigue, traslada, entrega o recibe, para sí o para un tercero, a una persona, para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud, servidumbre, o para matrimonio forzado.

Bajo el argumento de los usos y costumbres de sus comunidades, la realidad de muchas niñas es que desde los 9 años, existe la posibilidad de que los padres puedan pactar un matrimonio para ellas. El Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan y activistas guerrerenses de defensa de los derechos humanos, han denunciado públicamente que en las regiones La Montaña y Costa Chica de Guerrero, algunos indígenas nahuas, tu’un savi, ñomndaa y me’phaa, por usos y costumbres, entregan en matrimonio a cambio de una “dote” que se traduce en especie o en dinero en efectivo.

Tlachinollan documentó denuncias por la entrega de las hijas de entre 12 y 15 años de edad a cambio de dinero, según la práctica de usos y costumbres.

En algunos casos, las jóvenes son llevadas a las familias de sus novios a cambio de una “dote” de 100 mil pesos, lo que la organización no gubernamental calificó de “un comercio” que propicia la violencia familiar debido a que los novios consideran a las mujeres un objeto de su propiedad. La venta de niñas se mantiene en municipios como Cochoapa el Grande, Metlatónoc, Xochistlahuaca, Igualapa, Tlacoachistlahuaca y Malinaltepec, considerados entre los más pobres del país.

UNICEF documenta una edad crítica para las niñas, los 12 años, muchas niñas en esta edad, son forzadas a matrimonios o víctimas de violencia sexual. La mayor parte de las niñas, antes de esta edad no se reconoce con los mismos derechos que los niños, supone privilegios a ellos, ya que desde su entorno se les magnifica esta idea. Uno de 4 de entre niñas y niños, vive en pobreza extrema en el planeta, pero son las niñas las que poco logran romper este lastre. La estadística de ONU Mujeres determina que “tan sólo este año, 12 millones de niñas menores de 18 años contraerán matrimonio y 21 millones de niñas de entre 15 y 19 años quedarán embarazadas en las regiones en desarrollo”. Empoderar a las niñas es la consigna, protegerlas y auxiliar en la creación de entornos menos hostiles para ellas para que sean mujeres en plenitud de sus derechos humanos; debe ser un acuerdo de voluntad generalizada entre los tres órdenes de gobierno y principalmente, la ciudadanía. Son las comunidades quienes deben vigilar no vulnerar estos derechos.

Hay un gran reto para nuestro país, México ocupa un primer lugar como país de la OCDE en embarazo adolescente; es deuda con las niñas. Deben reconocerse siempre los esfuerzos y la obligatoriedad que tienen las instituciones, de eliminar todas las formas de violencia hacia las niñas.

La venta de niñas en al menos seis municipios de la entidad, por usos y costumbres, es un tema que mueve nuestra agenda, con respeto a las comunidades pero con inclusión y solidez al derecho superior de la niñez. La FGE, ahora que ha de renovarse en Guerrero, tiene una enorme oportunidad de hacer el gran cambio para las niñas que padecen esta situación, con las facultades que le otorga la ley, se espera un mejor desempeño también de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, se reconoce ya en el derecho, el sistema jurídico indigenista, pero tiene un límite, la dignidad de las personas, abrir una unidad especializada en este tema desde Fiscalía, hará la gran diferencia. Hemos llevado ahí la sensibilización sobre el tema, es tiempo de que se reconozca la obligatoriedad a autoridades estatales y comunitarias para erradicar esta práctica, es preciso denunciarla y evitar que más niñas la padezcan.

La educación es otra vertiente para empoderarlas. Educar a las niñas puede acabar con la pobreza. Cuando un 10 por ciento de las niñas en un país recibe educación, el PIB aumenta un 3 por ciento, si una niña termina la educación formal, a futuro ganará un 70 por ciento más cuando sea adulta, es por ello que como dice la organización Save the Children: las niñas son un capital humano valioso. Empoderar a las niñas es urgente, no hay mejor herramienta que la educación, asegurar que culminen una carrera profesional y luego desarrollar un plan de vida en que las mujeres jóvenes tengan un empleo, antes de un matrimonio, es crucial. Sobre todo si éste no es un matrimonio como tal, sino un tema de trata.

*Maestra en prevención de violencia de género, por la Universidad de Salamanca, España, abogada, feminista y ex secretaria de la Mujer en Guerrero.