Isidro Bautista Soriano

Mire usted: la gobernadora del Banxico, Victoria Martínez, y la directora del Inegi, Graciela Márquez, ganan más que el presidente López Obrador, según reveló el titular de Profeco, Ricardo Sheffield.

La primera recibe 248 mil 500 pesos, y la segunda, 149 mil 700 peso; López Obrador, 136 mil 700 pesos.

El procurador las exhibió en la conferencia mañanera de este lunes, tratándose del tema Quién es quién en los salarios gubernamentales, en la que estuvo presente el titular del Ejecutivo federal, como de costumbre.

Confesó el procurador que al menos once presidentes de órganos autónomos y del Poder Judicial tienen un sueldo superior al del presidente del país, como el ministro Arturo Zaldívar, quien se embolsa 286 mil 600.

Muchos se preguntan que si eso no es robar. Uno puede alegar que no lo es, porque lo devenga con trabajo lícito. Pero ¿qué pasa si la ley misma pone tope salarial?

Hay una ley, que es la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que entró en vigor en el primer año de gobierno de AMLO.

Tiene sus excepciones: los consejeros del Instituto Nacional Electoral, los altos cargos del Banco de México, titulares de la Comisión Federal de Competencia Económica, etc., etc.

Aunque la ley permita sobrepasar la regla, por autonomía constitucional, todos los servidores públicos éticamente deben equipararse, si pertenecen a la misma corriente político-ideológica, en este caso a la 4T.

La ley no les prohíbe tampoco atribuirse salario inferior al tope máximo que les establezca.

En Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, según ella lo dijo en una reunión pública con jubilados y pensionados del Issspeg, gana 76 mil pesos mensuales.

Este martes 26 se hizo pública la información, no confirmada oficialmente, de que Silvia Alemán Mundo es directora general de Proyectos Especiales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del estado, y al mismo tiempo ocupa una plaza académica de la Universidad Autónoma de Guerrero.

Aquí el problema no sería su sueldo por ambos empleos, el cual sumado supera a la de la titular del Ejecutivo guerrerense, sino que cómo le hace para partirse en dos, pues, hasta donde se ha visto, los directores de área deben estar disponibles todo el día, para lo que se requiera.

El de la Profeco no ocupa el cargo público y a la vez otro tras un mostrador de su tienda.

Sea eso cierto o falso el caso de la ex candidata a presidenta municipal de Chilpancingo, ¿cuántos empleados o funcionarios serían detectados con dobles o triples plazas si se realizara un cruce de nóminas?

El mismo titular de esa dependencia, Jorge Peto, como es del conocimiento público, tiene también plaza en la UAGro.

Aunque la ley pudiera permitirlo, ¿no sería visto como un hecho contradictorio a la máxima de no robar o de no traicionar al pueblo, porque el sueldo, en ambas fuentes de empleo, lo paga el pueblo, preguntándose cómo le hacen para estar en dos sitios al mismo tiempo?

La gente depositó su confianza en la 4T para acabar con toda la corrupción heredada.

La ley misma condiciona a todo aspirante a ser candidato para puestos de elección popular a disputarlo siempre y cuando se haya separado en ciertos meses o años de otros de orden jurisdiccional o de la administración pública, para ejercerlos con mayor probidad.

Es obvio que un juez será mejor aceptado por la sociedad como árbitro si está alejado de partidos políticos, aunque la ley le haya permitido haber sido dirigente. Así no le dirán: le diste menos años de cárcel a aquella persona por pertenecer al partido en el que tú militaste.

Los servidores públicos, todos, deben desempeñar el cargo también con ética, con la mayor autoridad moral posible, más si son de la 4T, en la que el grueso de los mexicanos la haría ganar una elección porque la relacionan con la honestidad hasta este momento.