Isidro Bautista Soriano

Es verdaderamente, más que lamentable, reprobable, el hecho de que el caso Ayotzinapa siga convertido en maraña, a ocho años de ocurridos los hechos, como si se estuviera en el juego del laberinto o en una serie de Netflix que no se le ve final.

Los padres de los 43 normalistas desaparecidos se sientan un rato como a tomar aire, y al rato se levantan, y así se la han pasado sin saber dónde están sus hijos, situación que no se le debe desear a nadie, y que tampoco nadie habría de atreverse siquiera a imaginar el calvario por el que atraviesan día y noche.

Los policías salen y entran de sus cuarteles, y los agentes del Ministerio Público parecen hacer y deshacer documentos ante tantos hilos entrecruzados.

Hasta donde se sabe, no hay ningún sentenciado, no obstante, que los individuos detenidos por la entonces Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero fueron consignados, y siguen bajo juicio, lo que significa que ahí fueron realizadas las actuaciones con total apego a le ley, sin que se hayan acreditado posibles torturas, como en los demás expedientes.

En cambio, en los meses posteriores, ya en manos de la también entonces Procuraduría General de la República y también de la hoy Fiscalía General de la República, ha habido detenidos, pero liberados después por la autoridad judicial, suponiéndose que a falta de elementos aportados por la institución ministerial o violaciones al debido proceso.

Y ahí está: hicieron carpetas de investigación y los que las hicieron las consignaron de tal forma que derivaron en la libración de órdenes de aprehensión contra una veintena o treintena de personas, y que finalmente los mismos que las hicieron determinaron retirarlas.

Esto ha dado mucho qué pensar entre los familiares de los estudiantes desaparecidos y todo Ayotzinapa, así como de la sociedad en general, en el sentido de que o hay impunidad o de que ministerialmente están desorientados, en el afán de intentar apaciguar los ánimos de descontento a como dé lugar.

Al entonces comandante del 27 Batallón de Iguala lo encarcelan, pero en lugar de mandarlo a una prisión de civiles le dan el privilegio de recluirlo bajo techo militar, sin saber a ciencia cierta si la sanción le es aplicada con la misma vara que miden a los de enfrente.

Y resulta que el mismísimo mando castrense, ante un medio de comunicación, se declara inocente y poseedor de una carrera profesional intachable.

Y lo de Iñaki Blanco Cabrera es a todas luces otra falla ministerial por falta de elementos jurídicos, pues fue él mismo, personalmente, el que dirigió las diligencias inmediatamente después de ocurridos los hechos, las cuales derivaron en las únicas detenciones que no han tenido reversa. Se le llegó a señalar, en forma trascendida; es decir, nada oficial, que sería enjuiciado por una probable relación con el cártel de los Guerreros Unidos, cuando fue el que impulsó la caída del propio alcalde de Iguala, José Luis Abarca, en una prisión de la que no ha salido.

Y es que quienes ponen el dedo, increíble pero cierto, son miembros de la delincuencia organizada, involucrada en ese caso, que fueron detenidos pero que hoy acusan bajo la figura de testigo colaborador de la FGR, y que ésta toma sus dichos como verdaderos, cuando se trata de individuos que llegaron al extremo de matar, descuartizar, secuestrar o extorsionar no a una, sino a infinidad de víctimas.

Una de esas víctimas fue el líder social Arturo Hernández Cardona, y por puro ejemplo nada más, fue en los tiempos en que Iñaki fungió como procurador en que mediante oficios de fecha 12 de junio de 2013 remitió a la PGR la averiguación previa con más de ocho mil fojas que llevaron a Abarca a tenerlo todavía en prisión

Y ya pasados estos ocho años, ¿qué número de folio sigue?