Guerrero, a diferencia de otros estados, ha resentido la militarización, señala el abogado

Héctor Briseño

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, consideró como desafortunadas y erradas, las palabras emitidas por el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, el pasado viernes en su visita al Congreso de Guerrero, donde habló sobre la reforma constitucional en materia de seguridad ante legisladores locales.

El secretario de Gobernación manifestó que “no es de ninguna manera, como erróneamente han sostenido algunos, pues una militarización del país. Y lo digo aquí, en Guerrero, que es un estado donde, y por decirlo con toda franqueza, aún hay heridas que no terminan de cerrar”; y añadió que “yo creo que con este Ejército mexicano moderno han quedado atrás oscuras noches como la represión de campesinos, de ferrocarrileros, de obreros, de mineros, de maestros, ahora el Ejército mexicano, pues, la noche de Ayotzinapa ha quedado atrás y, no ha sido fácil, pero seguramente habrá justicia, y ahora los mexicanos ya sabemos realmente qué sucedió”.

Al respecto, Rosales Sierra manifestó que “son declaraciones muy desafortunadas, son declaraciones políticas, que dejan de lado las graves violaciones a los derechos humanos que en Guerrero se han cometido; Guerrero a diferencia de otros estados de la República, ha resentido la militarización en el pasado, en el presente”.

El abogado y activista citó violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército mexicano en la llamada guerra sucia en los 70; en los 90, cuando surgió el Ejército Popular Revolucionario, cuando se dieron una serie de torturas e incursiones violentas a varias comunidades de la montaña, la sierra y la Costra Grande del estado.

Entrevistado en el contexto de la reunión de organizaciones sociales realizada en Cacahuatepec, en la zona rural de Acapulco, la mañana del domingo, Rosales Sierra reflexionó que “agravia al pueblo de Guerrero que venga de pronto un funcionario federal y se paré en el recinto legislativo e ignore esta serie de violaciones que se han cometido, máxime ahora con el caso Ayotzinapa”. Insistió en que el Ejército Mexicano no sólo fue responsable de actos del pasado, sino también en el presente, y recordó las violaciones de las mujeres indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, la matanza de El Charco, entre otros casos.

El abogado expresó que “el Ejército mexicano ha cometido una serie de graves violaciones, las cuales permanecen en la impunidad y no se han esclarecido. El funcionario federal debería venir a Guerrero y hacer un llamado para que se esclarezcan estos hechos, y el Ejército pueda rendir cuentas sobre estos actos, que sea investigado”.

Sin embargo, Rosales Sierra reprochó que “soslayar esa parte, venir y decir que lo de Iguala quedó superado, me parece que es un insulto no mirar lo que ha sucedido en Guerrero”.

Para que exista un cambio en el Ejército, puntualizó, tendría que haber un análisis, rendición de cuentas y castigo a los responsables de violaciones a los derechos humanos.

“A menudo el gobierno federal alude que éste es un Ejército diferente, moderno, distinto, pero los mexicanos no hemos tenido noticias de que haya habido una modificación dentro de las estructuras de las fuerzas armadas”, señaló el también abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa no localizados desde septiembre de 2014, quien advirtió que “una restructuración de las fuerzas armadas pasaría por hacer una revisión del papel del Ejército mexicano en las violaciones de los derechos humanos, desde 1968, pasando por la guerra sucia, las violaciones que se han cometido en Guerrero, Oaxaca y lo de Ayotzinapa”.

Agregó que “debería haber una modificación en la política del ejército, seguimos teniendo un ejército cuyo principal enemigo es el pueblo, un 70, 80, 90 por ciento de sus actividades las enfoca en la contrainsurgencia, en contener la inconformidad y la movilidad social”.

Por último, señaló que se deben poner controles al Ejército mexicano: “Por ello no aprobamos la extensión de que siga en las calles. El Ejército mexicano debe hacer las funciones constitucionales y profesionalizar a la policía para que haga las funciones de seguridad”.