Isidro Bautista Soriano

Oportuna fue la intervención del gobierno de Evelyn Salgado Pineda ante la información divulgada en el sentido de que unos 700 o mil hombres armados habrían irrumpido en Apaxtla de Castrejón, provenientes de Tlacotepec, según para imponer el orden público.

Así quedó despejada cualquier posibilidad de pensar en un vacío de poder, ya que la opinión pública pudo haberse hecho la pregunta de ¿y la autoridad? o bien ¿por qué esos hombres identificados como policías comunitarios del municipio de Heliodoro Castillo se auto atribuyen la facultad de tomar el control de la seguridad, en lugar de las fuerzas establecidas constitucionalmente?

Entonces, buena la actitud de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, en la que permanentemente los gobiernos federal y estatal analizan o desahogan todos los asuntos relacionados con la seguridad.

Sin embargo, no ha de resultar suficiente el hecho de haber dado la cara ante la supuesta llegada de los civiles armados para tomar control de los accesos de la cabecera municipal de Apaxtla, sino prevenirla; o sea, actuar antes, de ser posible, con el propósito de evitar un eventual encontronazo con el grupo antagónico de la Policía Tecampanera de Teloloapan.

Según trascendió, los hombres de Tlacotepec se desplazaron hasta allá ante las quejas recibidas de algunas comunidades de Heliodoro Castillo que acuden a la localidad de Apaxtla a comprar su canasta básica por el alza de precios, registrada como consecuencia del cobro de piso de los llamados tecampaneros de Teloloapan.

Seguramente fueron más de dos días en los que el alza estuvo desesperante, pues los básicos no pasaban de Teloloapan si no pagaban piso, y en ese lapso, la autoridad municipal correspondiente pudo haber pedido la intervención del gobierno estatal o federal para que las cosas no pasaran a mayores.

Los 700 o mil hombres dan qué pensar, en caso de haberse topado con el otro grupo, que también ha adoptado actitudes beligerantes, en una situación que nadie ha de querer imaginarse.

Hemos sostenido aquí que Guerrero es como un barril de pólvora, al igual que en el resto del país, y en donde ver a 700 o mil hombres en los medios o presencialmente ya no asusta, pero lo importante está en establecer todas las medidas de prevención al alcance.

El caso de San Miguel Totolapan movilizó de inmediato a todas las fuerzas del orden legalmente establecidas para atenderlo, y eso que no se trató propiamente de un enfrentamiento.

Si bien es cierto que la población, como que se ha acostumbrado a cohabitar con los grupos de delincuencia en todo el país, de tal manera que camina entre sus hombres y hasta convive con ellos en las fiestas, no quiere que las consecuencias pasen a lo peor.

Hay localidades o municipios enteros en los que no se dan brotes de violencia, ni uno solo, porque existe un aparente orden, impuesto por el crimen organizado, y todos contentos, pero eso no debe excluirse de la agenda en todo gabinete de seguridad por confiado.

Ahí está el caso de Ayotzinapa, el cual sigue abierto a ocho años de ocurrido. En una sola noche sucedieron mil cosas por la complicidad u opacidad de ciertas autoridades.

Por eso tuvo que irse el gobernador en turno, culpable o inocente, sin que esté exculpado ministerialmente hasta el momento al cien por ciento.

Y papa caliente en Guerrero son también los movimientos de protestas, los cuales han estado a la orden del día desde años atrás.

Una sola familia bloqueó varios días el paso de los camiones Estrella de Oro por la muerte de un niño pasajero en un accidente.

En Apaxtla las cosas se dieron hasta por los huevos.