Se reúnen representantes de la Comisión con padres de los estudiantes desaparecidos

Dassaev Téllez Adame

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuestionó la autenticidad de las capturas de pantalla –relacionadas con mensajes de presuntos integrantes de Guerreros Unidos (GU)– como elementos de prueba en el caso Ayotzinapa, porque nunca fueron proporcionadas por la Comisión para la Verdad y la Justicia (CVAJ) para el análisis correspondiente.

Los representantes de la CIDH, arribaron escoltados por la Guardia Nacional, a quienes se les impidió el acceso a la institución y se les pidió esperar en la entrada de este lugar.

Mientras que a su ingreso, la comitiva que iba acompañada por visores del Alto Comisionado en México de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fueron recibidos con collares de flores por padres de los 43 que portaban las fotografías de sus hijos desaparecidos, además de estudiantes normalistas y el abogado Vidulfo Rosales Sierra.

Al interior de la sala audiovisual de la escuela, se reunieron en privado con los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos desde la noche del 26 de septiembre de 2014, pero al final sostuvieron un encuentro con los medios de comunicación.

Durante la exposición ante medios de comunicación, la relatora Esmeralda Arosamena de Troitiño, señaló que el Gobierno Federal no compartió las capturas de pantalla que presentó durante su último informe, lo que implica una omisión muy seria.

Participó Julissa Mantilla Falcón, presidenta de la CIDH; Edgar Stuardo Ralón Orellana, primer vicepresidente; Margarette May Macaulay, segunda vicepresidenta. También estuvieron los comisionados Esmeralda Arosemena de Troitiño; Joel Hernández García, Roberta Clarke, Carlos Bernal Pulido y la relatora Esmeralda Arosamena.

En su intervención la relatora de la CIDH expresó que el informe pretende que tanto familiares de víctimas y autoridades encuentren una orientación u hoja de ruta correcta, para que se continúe empujando todos los espacios en los que urge se cumplan las obligaciones internacionales y del propio país frente a la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural.

En el escrito de 120 páginas y siete capítulos, comprende trabajos realizados desde el año de 2019 hasta la fecha, mediante un equipo que permaneció en México, obteniendo información de primera fuente para la investigación.

Los integrantes de la CIDH señalaron que la nueva investigación puso en duda aquellos resultados que en su momento presentó el gobierno de Enrique Peña Nieto, los cuales aseguraron que “ni es verdad ni es histórica”, como concluyó la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

Descartaron la versión que apunta hacia la quema de los cadáveres de los 43 estudiantes en el basurero de Cocula, además denunciaron la colocación de algunos restos y la realización de diligencias realizadas a modo.

Señalan: “México en su momento tuvo la capacidad de explicar lo que había ocurrido con los 43 estudiantes y que los agentes del Estado realizaron toda una operación de encubrimiento de los hechos”. 

Respecto al último informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (CVAJ), presidida por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, confirmaron que la información relacionada con las capturas de pantalla, alusivas a conversaciones entre supuestos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, no fueron enviadas a la CIDH ni al GIEI de manera oportuna. 

En consecuencia, reconocen que la omisión podría poner en duda la veracidad de los mismos y con ello, no hay muchas condiciones para que se les puede tomar como pruebas contundentes en el caso. 

Los integrantes de la CIDH manifestaron que su interés es contribuir a que las autoridades del país superen los obstáculos que se tienen para llegar a la verdad y la justicia, pues reconocen que el caso Iguala-Ayotzinapa, es uno de los principales retos que tiene México ante la comunidad internacional.