Rosalba Ramírez Hernández

Organizaciones feministas reiteraron la exigencia por la garantía del derecho a la salud reproductiva de las mujeres, la no criminalización y la libertad para las mujeres del estado de Guerrero que se encuentren en situaciones similares a las de Aurelia García Cruceño, mujer indígena encarcelada por tres años en Iguala, por parto fortuito.

En conferencia de prensa este lunes, integrantes de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres y el Observatorio de las Violencias contra las Mujeres en Guerrero (OVM Guerrero) se pronunciaron por el cese a la criminalización de las víctimas y de las defensoras de Derechos Humanos de las mujeres, una capacitación con perspectiva de género al Poder Judicial y que se cumpla con el plan de reparación del daño cometido a Aurelia y a todas las mujeres que hayan perdido años de sus vidas detenidas en prisiones por delitos que no cometieron.

En un pronunciamiento leído en conferencia de prensa en Acapulco, las defensoras recordaron que el pasado 20 de diciembre fue liberada Aurelia García Cruceño, siendo la primera mujer en obtener su libertad después de que el 17 de mayo del presente año, se despenalizara el aborto en Guerrero.

Las mujeres recordaron que la despenalización del aborto sienta un precedente importante para que las mujeres presas por algún delito relacionado con el aborto sean liberadas para dar cumplimiento con la sentencia de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCN), la cual lo declara inconstitucional.

En ese sentido, señalaron que corresponde al Poder Judicial, a la Fiscalía de Guerrero y la Comisión Estatal de Víctimas, dar cumplimiento a las medidas de justicia y reparación del daño y garantía de no repetición por homicidio en razón de parentesco.

Por ello, pidieron la revisión de los casos como el de Aurelia, y de todos los casos judiciales de mujeres privadas de la libertad por el delito de homicidio en razón de parentesco, siendo este responsabilidad del Tribunal Superior de Justicia.

Resaltaron que organizaciones sociales han documentado que cuando las mujeres enfrentan procesos penales relacionados con embarazos y partos, llegan a ser acusadas por homicidio en razón de parentesco. Este hecho se utiliza para criminalizar a las mujeres, aún cuando el aborto se produce de manera espontánea como fue el caso de Aurelia.

Recriminaron que no hay información oficial acerca de las mujeres que se encuentran presas por este delito, debido a que hasta el momento no se ha dado cumplimiento a esta medida, y dijeron que la organización tiene conocimiento del caso de Maira Onofre Gómez, recluida en el penal de Iguala, por lo que solicitaron a las instituciones involucradas revisen con prontitud el caso.