Javier Saldaña Almazán

En el escenario de la educación superior de México se observan dos tendencias que se entrelazan, vislumbrando un cambio de época: el Covid y la Ley General de Educación Superior.

La crisis sanitaria del Covid puso en el centro que la educación superior ya no va a ser igual a la que se tenía a finales del año 2019, cuyo paradigma se resume en la frase “que nadie se quede atrás”, ante las desigualdades que se detonaron y exacerbaron en los últimos dos años, tendencia que requiere de una transformación radical e integral de las instituciones de educación superior y de su conducción. 

La Ley General de Educación Superior tiene como eje vertebrador por un lado el “que nadie se quede atrás” al poner la gratuidad y el derecho a la educación superior en el centro de la Ley, y por otro lado el concebir a las instituciones de educación superior como “un bien común” al incorporar las figuras de “espacio común de educación superior” y “sistema de educación superior”, los  cuales conllevan una transformación de este nivel educativo al sentar las bases de una política de Estado para su logro. 

Que nadie se quede atrás en un espacio común de educación superior cobra relevancia en el caso del estado de Guerrero, dados los rezagos estructurales y las desigualdades no solo respecto a otras entidades del país, sino también las que se dan entre sus instituciones de educación superior y entre las regiones de la entidad.

Más allá que la Ley General de Educación Superior mandata que las entidades del país tengan una ley de educación superior estatal, Guerrero debe ver en ella una política de Estado para la transformación de este nivel educativo, dando sustento legal a dos programas que permitirán reorientar y constituir un sistema estatal de educación superior a la altura de los desafíos de Guerrero.

Un programa estatal de educación superior, primero debe incorporar en su visión posicionar a la educación superior de Guerrero con proyectos estratégicos y prioritarios cuyo propósito general sea cerrar brechas respecto a los indicadores nacionales de este nivel educativo, afrontando problemas estructurales.

El indicador de cobertura de educación superior que mide el porcentaje de ciudadanos que están en edad de estudiar en este nivel educativo, es la expresión más clara que sintetiza los problemas estructurales: en 2020 de cada 100 ciudadanos en edad de estudiar en este nivel, solo están estudiando 25, cifra que contrasta con la media nacional que es de 42, estando con los estados de Chiapas y Oaxaca en los últimos tres lugares.

Para dar una idea del esfuerzo que tiene que realizar el estado de Guerrero teniendo como referente el año 2027 que finaliza la presente administración, requerirá incrementar de manera paulatina su población escolar en un 67.74 para tener la cobertura media nacional del 2020 y duplicarla al menos, para ubicarse en el promedio nacional que se prevé tener en el año 2025.

Un programa de ampliación y diversificación de la oferta educativa, que ponga en el centro el derecho a la educación superior, su obligatoriedad y su gratuidad en el caso de la educación de carácter público cuyo propósito general sea el afrontar las desigualdades entre las regiones de Guerrero.

Mediante este programa se orientará el incremento de la matrícula de manera que cierre las desigualdades en materia de cobertura al interior del estado en la perspectiva de la regionalización de la educación superior.

El estado de Guerrero podría atender el rezago histórico en materia de educación superior en el contexto de una alianza estratégica con los estados de la región Sur-Sureste de México para los próximos años, en especial con los estados con los cuales comparte los últimos lugares, Chiapas y Oaxaca bajo el liderazgo de la 4T que encabeza el Gobierno de México.