Cecofam, rostro humano en la administración de justicia
Isidro Bautista Soriano
El matrimonio es una institución mediante la cual se establece una vida en común, con derechos y obligaciones recíprocas.
Sin embargo, cuando la vida en común no es la adecuada o es difícil de sobrellevar, es necesaria la existencia de un medio que haga posible terminar legalmente con dicha relación, salvaguardando los derechos de cada consorte: el divorcio.
En México las personas tienden cada vez menos a casarse, y a divorciarse más, de acuerdo con datos de la situación conyugal de la población, publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En 1990 se registraban 7.2 divorcios por cada 100 matrimonios, y las cifras más recientes reportan 33 por 100; la mayoría solicitados por las mujeres.
Con base en nuestra Constitución Política y en la Convención de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, éstos son sujetos de pleno derecho, y todas las actuaciones de las autoridades deben de ir encaminadas a promover y preservar su interés superior.
La Ley General que corresponde señala: “Niñas, niños y adolescentes cuyas familias estén separadas tendrán derecho a convivir o mantener relaciones personales y contacto directo con sus familiares de modo regular, excepto los casos determinados por el órgano jurisdiccional”.
Los poderes judiciales del país, por ser las instituciones responsables de la administración de justicia y de ejecutar los juicios de divorcios, se ven en la necesidad de crear centros encargados de la atención a familias de alto conflicto interparental.
Los Centros de Convivencia Familiar Supervisada del Estado de Guerrero, mejor conocidos por sus siglas como Cecofam, se constituyeron como las áreas que establecen los mecanismos de seguridad para el sano desarrollo de los encuentros paterno o materno-filiales que determine la autoridad judicial.
El primero surgió en 2010 como un órgano desconcentrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero en Acapulco, entonces con Edmundo Román Pinzón como presidente del TSJ, y la psicóloga Claudia Ibet Navarrete Mendoza como la fundadora, y son administrados y vigilados por el Consejo de la Judicatura.
Para el año 2013 se abre el segundo en Chilpancingo, donde actualmente se encuentra la Dirección General; en 2014, el tercero en Iguala, y en 2019, el cuarto en Ometepec.
Antes de su creación, las convivencias eran realizadas dentro de las instalaciones de los juzgados, en horarios y días hábiles.
En ocasiones para evitar estos problemas, el juzgador comisionaba al actuario para que acompañara a las partes y a los menores de edad al desarrollo y supervisión de convivencias, lo que era realizado en algún parque público, restaurante, fuera de las escuelas o del domicilio de alguno de los progenitores; sin embargo, el personal era insuficiente.
Los servicios que ofrecen son convivencia familiar supervisada, supervisión de entregas y regresos de personas menores de edad, incluida la revisión de su integridad física y su asistencia en audiencia con la autoridad judicial; convivencia supervisada por videollamada, evaluación y atención psicológicas, atención médica y talleres psicoeducativos, los cuales son realizados a solicitud jurisdiccional, excepto el último.
En la administración que preside actualmente el magistrado Raymundo Casarrubias Vázquez son efectuadas todas las gestiones necesarias para abrir más Cecofam, concretamente en Zihuatanejo y Tlapa, en tanto se hacen los esfuerzos requeridos para que el personal siga capacitándose y mejorándose los servicios por una justicia más transparente y con rostro humano, y al alcance de todas y todos.