No se ha hecho justicia por la masacre del vado de Aguas Blancas: López Obrador
Criticó al Poder Judicial de la Federación por no haber hecho nada por el pueblo
Héctor Briseño
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, expresó que no se ha hecho justicia por la masacre del vado de Aguas Blancas, en el municipio de Coyuca de Benítez, ocurrida el 28 de junio de 1995, donde murieron 17 campesinos, al criticar al Poder Judicial de la Federación por no haber hecho nada por el pueblo.
En la conferencia mañanera, el presidente de la República cuestionó: “¿Qué han hecho?”. Y señaló: “Lo de Aguas Blanca, nada, nada. Hicieron la investigación, pero no hubo justicia”.
López Obrador recordó que “es el único caso donde dos ministros asumieron su responsabilidad, se formó una comisión, presentaron un informe, pero no se aplicó”, y criticó que “al contrario, metieron a la cárcel a los familiares de las víctimas de Aguas Blancas. Lo único que se hizo fue quitar a Rubén Figueroa y poner a Aguirre, es lo único”.
Advirtió que dichas determinaciones no fueron tomadas por resultado de la investigación de la Corte, al señalar que “eso lo decidieron en Gobernación, Gutiérrez Barrios. Nada, nada, nada”.
Por separado, la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) informó esta semana que 24 organizaciones se adhirieron al pronunciamiento realizado la mañana del pasado 28 de junio, durante la conmemoración del 28 aniversario de la masacre de Aguas Blancas, para exigir principalmente, justicia por el asesinato de los 17 campesinos.
Entre los planteamientos realizados por la OCSS, se encuentra el cumplimiento de la resolución 49/97 de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos, emitida el 18 de febrero de 1998, la cual señala: “ejercer las acciones penales correspondientes, a fin de que se establezcan las responsabilidades individuales de los altos funcionarios del estado de Guerrero, identificados en la decisión emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en consecuencia se les impongan las sanciones penales correspondientes a quienes resulten responsables”.
Asimismo, la OCSS exige verdad y justicia por los asesinatos de los dirigentes sociales Miguel Ángel Mesino Mesino, Rocío Mesino Mesino, Ranferi Hernández Acevedo, Arturo Hernández Cardona y todos los crímenes políticos.
Además, la libertad inmediata e incondicional de los miembros de la OCSS, sobrevivientes a la masacre, Orlando Ávila Mesino y Antonio Barragán Carrasco, así como la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de todos los desaparecidos en el país; y la libertad de todos los presos políticos.