Clemente Martínez Rendón

“La administración de la justicia se había trastocado por la injerencia del Ejecutivo”

Mariano Azuela Güitrón, ex ministro de la SCJN

Si bien es cierto que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador es un gran demócrata y respeta nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es más cierto que ser tan respetuoso afecta de manera directa a millones de ciudadanos que votamos por él, y que queremos un cambio de manera sustancial en todas las instituciones, incluso el más importante y con sello de urgencia, es el que necesita el Poder Judicial, una Suprema Corte que no da justicia a México, y que por estar sumida en la corrupción debe reformarse o desaparecer a la brevedad posible para dar inicio a una nueva entidad que dé justicia al pueblo mexicano; es importante señalar que en 2018, el partido de Morena tenía las mayorías en las cámaras, grave error, no lo hizo.

El 5 de diciembre de 1994, Ernesto Zedillo Ponce de León envío sus primeras reformas a nuestra Carta Magna, incluyendo una que buscaba “fortalecer” a la SCJN, dicha iniciativa provocó malestares en el Poder Judicial, en una entrevista el ministro en turno Mariano Azuela Güitrón, declaró ante el medio chayotero de El Universal, que “la administración de la justicia se había trastocado por la injerencia del Ejecutivo, y porque a la Suprema Corte de Justicia de la Nación se le había usado como trampolín político”.

El 22 de diciembre de 1994, la iniciativa presidencial zedillista fue aprobada por el Congreso de la Unión, obviamente por la aplanadora de los priístas y panistas, por 381 votos a favor y 66 en contra de la oposición, fue así que se consumó el golpe de Estado al Poder Judicial, en ese entonces obviamente no fue tomada a mal por los prianistas, ya que se trató de una “reforma que la Suprema Corte necesitaba”, es decir, hacer un organismo más “calificado”. Vaya estulticia.

Si bien es cierto que toda reforma a nuestra Constitución debe hacerse por los canales del Congreso de la Unión y de la Cámara de Senadores, es más cierto que el partido de Morena no tiene los votos necesarios, ni el ánimo de apoyo de los “vendepatrias” del PRIANRDMC; es por ello que nuestro presidente López Obrador debe meter a fondo el acelerador y convocar a la mayoría de los mexicanos para llevar a cabo el Plan C para volver a tener las mayorías en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, con la finalidad de que se proceda a las reformas constitucionales, y de una vez por todas México, tenga un Poder Judicial, que otorgue justicia pronta y expedita, tal y como lo marca nuestra Carta Magna, así para terminar todos los privilegios que existen en la SCJN.

Conclusiones:

Primera. Si en las elecciones del 2024 se gana la Presidencia de la República, así como las mayorías absoluta en las cámaras de Diputados y Senadores, Morena podrá llevar a cabo una reforma profunda la corrupta institución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en pocas palabras se necesita mayoría calificada, ¡Yes we can!

Segunda. El grave error tanto de los legisladores de Morena como de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2018, se pudo haber reformado al Poder Judicial, no lo hicieron; AMLO apostó que los integrantes de la SCJN se iban a reformar institucionalmente, ya demostraron que no están del lado del pueblo mexicano.

Tercera. Los jueces y magistrados del Poder Judicial están al servicio de los  delincuentes, el ejemplo más claro fue cuando descongeló las cuentas bancarias de Genaro García Luna, preso en Estados Unidos por narcotráfico.

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