Las pensiones en discordia 

Manuel Nava 

El desempeño de la economía estatal, desde el 2012 se encuentra por debajo del nivel nacional, y se refleja en indicadores sociales desfavorables. La entidad presenta el mayor índice de marginación de la República y es el cuarto estado con mayor desigualdad medida con el coeficiente de Gini. También la entidad presenta la segunda mayor tasa de analfabetismo en adultos mayores de 25 años del país (15.9 por ciento), más de siete veces superior que la Ciudad de México y Nuevo León. El equivalente al 12 por ciento de los adultos en Guerrero no cuenta con educación básica, siendo el segundo estado con mayor porcentaje de población sin este tipo de educación sólo detrás de Chiapas. El 22 por ciento de los adultos concluyó la educación media superior y sólo una proporción de 16 por ciento cuenta con educación superior. Los niveles de educación y la proporción de una población en edad laboral. Juegan un papel importante en el ámbito laboral. Aunque en ciertos segmentos la inversión es elevada, a nivel local. El beneficio para los trabajadores es limitado, en el mejor de los casos es de hasta dos salarios mínimos y el resto de la población económicamente activa es informal. La informalidad laboral que presenta el estado se traduce en un acceso limitado a la seguridad social. Sólo el 34 por ciento de la población tiene acceso a los servicios de salud del IMSS, Issste, Pemex o de las Fuerzas Armadas, por lo que la mayor parte de la población es usuaria de los servicios de salud abierta del gobierno federal. El acervo de infraestructura médica también tiene un rezago. Por ejemplo, es el octavo estado con menor número de camas hospitalarias por habitante. Las reformas en materia económico-financiera hechas por el actual gobierno federal pueden ser una oportunidad para mejorar al ámbito local, fuera del efecto Otis. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el 5 de febrero, dentro un paquete de iniciativas, una reforma en el ámbito de las pensiones, con el objetivo de garantizar que los trabajadores afiliados al IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) y al Issste (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado) puedan disfrutar de un retiro digno con el 100 por ciento de su salario. La iniciativa de reforma de pensiones en cuestión tiene como objetivo garantizar jubilaciones dignas para todos los trabajadores mexicanos, por lo cual busca poner fin a una preocupación persistente entre los trabajadores mexicanos: la pérdida significativa de ingresos al momento de jubilarse. Actualmente, muchos jubilados ven reducido su salario a la mitad, una situación que esta reforma pretende cambiar de raíz. Debe mencionarse que no es suficiente la voluntad del mandatario, la decisión tiene un costo financiero y elevar las pensiones al 100 por ciento podría significar hasta dos puntos porcentuales del PIB en menos de 10 años. Uno de los aspectos más destacados de esta reforma es la modificación del artículo 4 de la Constitución. En él se establecerá que la pensión para adultos mayores debe entregarse a partir de los 65 años. Además, se plantea que esta pensión deberá incrementarse anualmente por encima de la tasa de inflación, asegurando que los jubilados no vean erosionado su poder adquisitivo con el tiempo. La fracción de los diputados de oposición, lejos de proponer una alternativa que pueda corregir las desigualdades sociales, lanzó la consigna de que ese paquete de reformas no pasará. La cuestión de peso es que sólo ofrecen el rechazo a las iniciativas con fines electoreros y no hay el debate legislativo que debería darse. Ese debate debería tener un enfoque financiero y no solo político electoral.