Isidro Bautista Soriano

Toda la atención posible requiere el caso de la muerte del normalista de Ayotzinapa para que no adquiera la dimensión sucedida por la desaparición de los 43.

Aquella vez, hace diez años, en las primeras horas o primeros días de ocurrida, seguramente nadie imaginó la magnitud que después adquiriría, claro en peor situación, en una verdadera barbarie, la cual provocó la caída de Angel Aguirre Rivero del cargo de gobernador.

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador informó públicamente que el caso del homicidio de Yanqui Khotan Gómez Peralta sería atraído por la Fiscalía General de la República, el gobierno de Evelyn Salgado Pineda debe desempeñar su coadyuvancia como si se tratara de una operación quirúrgica de vida o muerte para que salga bien librada de este acontecimiento que pudiera ser explotado políticamente por las elecciones.

Cabría estudiar la posibilidad de hacer cambios en el gabinete de seguridad, no necesariamente de los que estén actualmente en funciones, sino de incorporar a otros con experiencia política y profesional probada que puedan hacer aportes sustanciales sin caer en vacilaciones o suposiciones.

Lo habíamos dicho varias veces aquí de que Guerrero ha sido como un terreno minado, y hoy una vez más se comprueba el dicho del entonces gobernador René Juárez Cisneros en el sentido de que no es ningún Disneylandia.

Habría que reconocer, con toda honestidad, que desde un principio la sociedad en general advirtió claramente contradicciones de las autoridades que de inmediato conocieron del caso, pues de manera pública, en las redes sociales principalmente, dijeron que se trataba de un enfrentamiento a tiros, lo que empeoró la indignación de los normalistas.

Cinco días después se da un choque de afirmaciones entre la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero en cuanto a la disposición de los policías presumiblemente relacionados con el hecho, quizá para deslindarse del desconocimiento del paradero del que fue señalado como el que ocasionó el homicidio.

En Iguala, de inmediato más de una veintena de policías municipales fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad competente en una acción supervisada personalmente por el entonces procurador general de Justicia de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera.

Esta vez, en principio, se advierte un vacío institucional en lo referente a informar y documentar por parte de las autoridades primero respondientes, en forma fehaciente e indubitable, la cronología o mecánica de los hechos.

Algunos medios han dejado constancia de una serie de omisiones o errores cometidos por las autoridades ministeriales, policiales y periciales responsables de la indagatoria.

El Código Nacional de Procedimientos Penales contiene un capítulo que alude al Ministerio Público, y establece las obligaciones de éste, dentro de las cuales se encuentra el ordenar la retención de los imputados.

Una vez posiblemente tomada la declaración de los policías implicados, debió analizarse los datos de prueba, si resultaban pertinentes para acordar su retención y posteriormente acordar la detención, y hacer valer el ejercicio de la acción penal.

Hay confianza en que la gobernadora Salgado Pineda saldrá adelante ante otra papa caliente que cae ahora en sus manos, en un estado permanentemente convulsionado, por su actitud de apertura ante la comunidad estudiantil de Ayotzinapa y la coordinación institucional que mantiene con el gobierno de AMLO.