Manuel Nava

Los bloqueos se han convertido en una herramienta de demanda política cada vez más común. Consisten en una forma de manifestación política violenta, en la medida en que impiden el ejercicio de los derechos de terceros principalmente el de libre tránsito.

Las obstrucciones de la circulación vial suelen surgir por tres razones principales: (1) oposición a una decisión política, (2) exigencia de cumplimiento de compromisos políticos y (3) rechazo al sistema político. Cualquiera que sea el caso, evidencian una incapacidad del sistema político de resolver disputas de forma efectiva a través de canales institucionales y se han vuelto cada vez más comunes por su efectividad en posicionar las demandas ante la opinión pública y por obtener los resultados esperados. Dichas razones tampoco son excluyentes y en algunos casos las demandas de los grupos que están manifestando suelen ser difusas y aglomerar diferentes causas.

Esta forma de manifestación se hizo frecuente desde inicios de los 90 en México, también en Guerrero, en principio en demanda de transparencia y respeto a los resultados electorales.

Después, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación la utilizó con demandas gremiales, en oposición a disposiciones legales en materia de educación por el gobierno y le secundaron los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. Actualmente lo utilizan desde familiares víctimas de supuestos secuestrados (en la mayoría de los casos no lo fueron), damnificados y supuestos damnificados del huracán Otis, padres de familia que demandan maestros o cualquier otro tipo de servicios urbanos.

A pesar de que cada vez son más diversos los actores, 8 de cada 10 bloqueos son protagonizados por normalistas. Ocurren lo mismo en carreteras federales y autopistas que en las vialidades urbanas.

No es el asunto satanizar los reclamos sociales mediante esta vía. El hecho es que en la mayoría de los casos, se ha convertido en el primer recurso de protesta, es decir se sale a las calles sin haber agotado las vías de reclamo ante las autoridades. Además, en otra buena proporción de los casos, la demanda es improcedente o bien es una exigencia prematura.

Este tipo de protestas que se realizan en el país afectan a la economía de distintas maneras. Las más específicas pueden ser las pérdidas de mercaderías que se transportan, el estancamiento del transporte público en puntos específicos y las posibles demoras a construcciones que se tienen para mejorar la red vial.

Los bloqueos carreteros y cruces fronterizos e intermitencias y fallos generales en el sistema de operación aduanero generan impactos sociales, de imagen pública y, en materia económica, pérdidas millonarias para las empresas y en la captación de divisas para el país.

A nivel local, según algunas estimaciones dirigentes del sector privado, este tipo de protestas han generado perdidas por más de 200 millones de pesos durante los dos primeros meses del año en curso.

El ciudadano común también sufre efectos negativos en su bolsillo, principalmente por los retrasos en la llegada al trabajo o bien al regresar a sus casas, otro aspecto es la necesidad de pagar hasta tres veces el pasaje para hacer el recorrido por una misma ruta. Se trata, en apariencia, de gastos mínimos, pero por la frecuencia con que ocurren, desequilibran el presupuesto.

También tendría que señalarse la ausencia de protocolos cuando ocurren este tipo de movilizaciones sociales pues se hace necesario salvaguardar la integridad de las personas que terminan haciendo sus recorridos a pie.

Otro aspecto es la búsqueda de alternativas viales para agilizar el tráfico, aunque en el caso de Acapulco no hay mucha tela de dónde cortar. Eso significa que los peines viales no son viables y en cambio los puntos vulnerables que pueden generar caos en la ciudad son varios. Eso es una cuestión de peso.