Isidro Bautista Soriano

Con lo que pasó recientemente por el normalista de Ayotzinapa asesinado quedó comprobado una vez más el hecho de que ya no debe haber cabida a las improvisaciones en los cargos públicos, sobre todo en los asuntos delicadísimos de seguridad y de la política interna.

Además, como muchos sostienen, debe pensarse al menos dos veces lo que quiera decirse.

Los entonces secretarios, general de Gobierno y de Seguridad Pública del estado, de manera apresurada, públicamente se atrevieron a declarar que se había tratado de un enfrentamiento a tiros.

Seguramente les ganó el nerviosismo después, eso sí, de haberse cerciorado de que el occiso se trataba de un estudiante de Ayotzinapa.

Esa declaración viralizada en las redes sociales evidentemente causó a todas luces irritación e indignación de la escuela normal, por lo que en lugar de que hayan apaciguado los ánimos, los exacerbaron.

Y lo mismo ocurrió con la declaración de que había huido el policía señalado como el que hizo el disparo que le quitó la vida.

Sin duda alguna, otro hecho no lamentable, sino condenable y reprobable lo constituyó la serie de culpas echadas entre la Fiscalía y las secretarías, general de Gobierno y de Seguridad Pública en cuanto a la puesta a disposición de los tres uniformados supuestamente detenidos.

La Fiscalía, en voz de su entonces titular, Sandra Luz Valdovinos, aseguró que nunca le fueron entregados legalmente.

De igual forma pasó con la supuesta huida del presunto disparador, por la pregunta formulada en todos lados en el sentido de qué autoridad habría incurrido entonces en negligencia o irresponsabilidad del servicio público.

Para fortuna de unos, la separación del cargo de la fiscal se dio no tanto en razón jurídica, sino política, pues la resistencia a irse de Valdovinos estribó en el hecho de que muy posiblemente se sintió segura de que su actuación estuvo apegada a la ley.

Fue una salida política debido a la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, con la que por un lado respaldó el  desempeño de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y por el otro, opinó a favor de la salida de la fiscal.

Ante eso, habría que dar una revisión a los preceptos jurídicos relacionados con la Fiscalía para actualizarlos, y no dar lugar a la duda de que si Valdovinos tuvo o no tuvo fundamento en recurrir a derecho de audiencia.

¿Cómo es posible que hasta al último momento se percató el vicefiscal que no  reunía el requisito de ley para suplir como encargado de despacho a Valdovinos por no tener cumplida la edad necesaria?

También habrá quedado dudas en relación con la licencia solicitada por ella para separarse del cargo por un lapso de seis meses.

Sí está bien dar siempre el paso a los jóvenes o caras nuevas, pero tener cuidado en no dejar huecos que pongan en entredicho o en riesgo la gobernabilidad, porque el triunfo de todo partido político depende en buena parte de su papel como gobierno.

No es lo mismo tratar con policías que con marinos o soldados, ni sus obligaciones. Un fiscal debe tener para muchos casos olfato político.

Tampoco debe uno limitarse a echar mano sólo de los correligionarios. Zeferino Torreblanca recurrió como gobernador a Erit Montúfar Mendoza para nombrarlo como director de la Policía Ministerial, y cuando lo cuestionaron, respondió: “¿díganme quién del PRD tiene la misma o mejor capacidad?”, y ninguno citó un nombre.

No basta decir yo quiero ser fiscal, secretario de Seguridad o secretario de Gobierno, sino experiencia o capacidad, para que no ocurran errores como los vividos que estuvieron a punto de alcanzar un desenlace verdaderamente lamentable.