Napoleón Gómez Urrutia

Una de las consecuencias más devastadoras de la flexibilización y la pérdida de interés en materia laboral en nuestro país durante las administraciones pasadas fue la deshumanización del mundo del trabajo. En ese sentido, la misión de este sexenio no sólo fue transformar a nivel político un país que nos fue entregado bajo una serie de abusos y violaciones a derechos humanos y laborales de manera sistemática, sino profundizar la oleada del cambio hasta las raíces y hacia la forma de relacionarnos.

Así, nuestra visión para el ámbito laboral coloca al centro a la clase trabajadora; no sólo porque son quienes verdaderamente producen la riqueza del país, sino también porque el empleo es una relación entre dos partes y, por tanto, debe llevarse según los lineamientos de los derechos humanos y no sólo de la racionalidad económica. La implicación directa de lo anterior es que cambiar la cultura laboral resulta en resarcir el tejido social. Ahí existe un elemento imprescindible del que, sin embargo, se olvidaron otros gobiernos: la herida de la injusticia laboral que se expresa en lo social.

Una cultura laboral fundamentada en la explotación, la simulación y la violenta imposición de silencio a las y los trabajadores refleja una falta verdadera de sensibilidad y de compromiso, que cuando se da en los gobernantes, puede resultar catastrófica. Vender los intereses de la clase trabajadora, tanto para defender los intereses de unos pocos privilegiados nacionales, como para beneficiar a empresas extranjeras, es dañar la soberanía nacional porque coloca a México en una posición servil, en lugar de fomentar una relación más cooperativa y colaborativa donde sí se obtienen resultados de justicia y equidad que beneficien a todos. Con esta visión individualista, la cultura de la explotación se ha arraigado profundamente en las relaciones laborales, normalizándose y profundizando la herida social que tanto nos daña.

Frente a todo esto, desde el inicio de este sexenio comprendimos la urgencia de impulsar y aprobar reformas transformadoras para impactar de verdad en el contexto nacional. México aún necesita de muchas más iniciativas para terminar este camino y convertirse en un país cuya cultura laboral se apegue a los valores de dignidad, justicia, igualdad y modernidad de las relaciones productivas.

La necesidad de cambiar de raíz, no sólo venía de proporcionar condiciones materiales y económicas decentes en los empleos, sino de abarcar otros aspectos que integran el mundo laboral. Por eso, a seis años del gobierno de la Cuarta Transformación, tenemos mucho de qué sentirnos orgullosos. Los hitos legislativos en temas laborales son muy variados: desde lo formal y estructural como la eliminación de la subcontratación o outsourcing, pasando por los problemas de igualdad de género donde a trabajo igual, salario igual; tomando en cuenta la importancia de la vida sindical; asimismo, las necesidades humanas de esparcimiento, descanso y diversión con la reforma de vacaciones dignas; aludiendo a sectores antes excluidos como trabajadores del hogar, y una larga lista de cambios a la política laboral nacional. Sin duda, el trabajo de los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, que me honro en presidir, ha sido impecable y alineado con la visión progresista que buscamos.

Estos avances legislativos han puesto al mundo laboral en el centro de la discusión pública, permean en la cultura y producen cuestionamientos pertinentes para garantizar un futuro de trabajo digno. En los últimos años, observamos un renovado interés por las causas sindicales y los derechos laborales, así como una creciente organización de la juventud en torno a estos temas. Este fenómeno está intrínsecamente relacionado con el trabajo de base realizado durante este periodo. Avanzar en la legislación laboral se ha vuelto fundamental para desarrollar una conciencia más profunda y humana del mundo del trabajo que merecemos los mexicanos.

Es esencial reconocer que la deshumanización de la producción no sólo afecta a los trabajadores directamente involucrados, sino que también tiene repercusiones en toda la sociedad. La falta de protección laboral adecuada lleva a la precarización generalizada del empleo, exacerbando la desigualdad social y económica. En este sentido, no se debe perder el rumbo ni el enfoque en la legislación laboral. No se trata sólo de garantizar condiciones justas en el lugar de trabajo, sino también de promover un sentido de dignidad y respeto para la fuerza laboral. La protección de los derechos laborales no es únicamente una cuestión legal, sino también moral y ética.

Cerrar con fuerza esta primera etapa de transformación necesita de mayor interés y voluntad política, ya que quedan importantes temas pendientes: las pensiones, la duplicación del aguinaldo, las licencias de paternidad y la reducción de la jornada laboral. Los legisladores deben comprometerse con la lucha y la transformación del mundo para mejorar la vida de trabajadores y sus familias, no sólo en tiempos electorales, debe ser un compromiso que trascienda y haga realidad un mejor país.

Este no es momento de frenar o desperdiciar el tiempo legislativo que nos queda, la clase trabajadora merece y necesita actos de restauración para lograr justicia laboral y la prosperidad compartida que queremos en nuestro proyecto de nación. Aún nos quedan semanas intensas de sesiones donde, con empeño, podemos sacar adelante estas deudas históricas. Ha sido un sexenio de cambios profundos, que han devuelto un sentido de nación que tiene que ver con los mexicanos, todas y todos, no sólo con unos cuantos y no sólo alrededor de la acumulación avariciosa de riqueza, sino alrededor de compartir, de caminar juntos para ser el país que queremos heredar a las siguientes generaciones, de cambiar nuestra perspectiva por una más humana y justa. Honremos el trabajo realizado y terminemos con fuerza: la transformación no se logrará sin los trabajadores