Manuel Nava

El 22 de abril, la Cámara de Diputados aprobó reformas legales para crear un nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar que, de inicio, contará con una bolsa de 40 mil millones de pesos para garantizar jubilaciones con el 100 por ciento del último sueldo a los trabajadores.

La finalidad de esta propuesta es otorgar una tasa de reemplazo de 100 puntos porcentuales a los mexicanos que entraron a la formalidad a partir de 1997 al momento de jubilarse, con tope de 17 mil pesos mensuales, a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Este nuevo fondo de pensiones se allegará, de inicio, de los recursos de cuentas inactivas en las administradoras de fondo para el retiro (Afores) de mexicanos trabajadores con 70 años en el sector privado y de 75 años en el sector público.

Coexisten en la Cámara de Diputados dos iniciativas que proponen la creación de un “Fondo de Pensiones para el Bienestar”: una iniciativa de reforma constitucional enviada por el Ejecutivo el 5 de febrero y una iniciativa de reforma legal presentada por diputados el 4 de abril.

Esta última iniciativa establece que la Secretaría de Hacienda deberá constituir un fideicomiso público no considerado entidad paraestatal denominado Fondo de Pensiones para el Bienestar en el Banco de México que será el fiduciario.

En la iniciativa del 4 de abril se señala que el Fondo procurará complementar las pensiones de aquellos trabajadores que resulten elegibles, aunque el monto del apoyo que podrían recibir no se especifica.

Este punto parece ser la causa de una reacción de algunos sectores en oposición a la iniciativa del 4 de abril y se ha hablado de expropiación, confiscación, robo a las pensiones de las personas que no han reclamado después de 10 años.

Desde la reforma aprobada en 2020, por ley, las Afore deben entregar al IMSS las cuentas no reclamadas, pero de cada peso que legalmente deben regresar al Seguro Social sólo han depositado, si bien va, 2 centavos. De ese tamaño el negocio, uno más a costillas del ahorro de los trabajadores.

Al cierre de marzo del 2024, el SAR administró 6 mil 113.1 miles de millones de pesos, equivalentes a 19.2 por ciento del PIB y contabiliza 74 millones 506 mil 314 cuentas.

El número de cuentas no reclamadas (luego de 10 años) que debe entregar a esa institución suma 259 mil 945, mismas que acumulan un monto de 41 mil 541 millones de pesos. Los dueños de las 10 Afores en operación están obligados a depositar en el Seguro Social, pero en los hechos de ese total solo han entregado 946 millones 176 mil 804 pesos, es decir, apenas 2 por ciento de lo que la ley los obliga.

Para dar una idea de qué se trata: sólo invertidos en Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) y con las altísimas tasas de interés prevalecientes, esos 41 mil 541 millones de pesos generan un rendimiento anual cercano a 4 mil 673 millones de pesos (sólo en el año 2023), que fueron a parar no a las cuentas de los trabajadores, sino a las chequeras de los dueños de las Afore.

Entre los propietarios de las afores que aún acumulan las cuentas y montos de pensiones no reclamados están Ricardo Salinas Pliego (Azteca), que sólo ha entregado al IMSS 1 por ciento de lo que, por ley, le corresponde; Carlos Hank Rhon, de Banorte, con 3 por ciento; Carlos Slim (Inbursa), 3 por ciento; la familia Coppel (nueva Forbes), con 1 por ciento, y Profuturo, de la familia Bailleres, 2 por ciento.

Para reír o llorar: “Un apapacho del político nunca está de más”, Ricardo Monreal.