Citlali Calixto Jiménez

La semana pasada publiqué un artículo sobre el Día Internacional Contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia. En ese texto señalé la importancia de emprender acciones institucionales para acabar con la discriminación y los crímenes de odio perpetrados contra personas de la comunidad LGBTIQ+. Hace unos días, el 21 de mayo de 2024, en el Congreso del estado tomamos una decisión unánime para avanzar en esa dirección.  

Todos los grupos parlamentarios nos unimos para aprobar la iniciativa de decreto que la gobernadora, la maestra Evelyn Salgado Pineda, envió al Poder Legislativo para sancionar penalmente las llamadas “terapias de conversión”. Se trató de una medida necesaria para visibilizar que un sector de la diversidad sexual ha sido sometido a tratos degradantes y violentos que vulneran sus derechos más elementales.  

Sobre todo, esta reforma al Código Penal del Estado desenmascara estos “Esfuerzos por Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG)” y los presenta tal y como son: actos criminales. Veamos en perspectiva qué son estas “terapias de conversión” y porqué es importante esta reforma aprobada en el Congreso.  

Estas aberraciones erróneamente llamadas “terapias” parten de ideas falsas y prejuicios y terminan perpetrando delitos. Se asume falazmente que la diversidad sexual o la identidad de género son consecuencia de una “crianza anormal”, de una “disfunción biológica” y/o de “la presencia de algo maligno”. Por ello, la pseudo terapia busca “curar” por medio de intervenciones psicoterapéuticas, médicas o espirituales. En la práctica se tortura con electrochoques, se suministran fármacos y se realizan exorcismos. En el extremo, se cometen violaciones para “corregir” la orientación sexual.  

Todo ello ocurre en la operación clandestina de estos centros a los que las personas suelen ser llevadas con engaños o privándolas de su libertad. Como se podrán imaginar, las secuelas son severas: lesiones físicas, destrucción de la autoestima, depresión, dependencia de fármacos o drogas, intentos de suicidio. No podría ser de otra manera, los supuestos “terapeutas” son estafadores que cobran grandes sumas de dinero, son desalmados criminales.  

Estas “terapias” son un instrumento de tortura en pleno siglo XXI, son mecanismos de violencia física y mental que denigran la dignidad humana. Son, como se propone en la iniciativa, un flagrante delito contra la libertad sexual, la identidad de género y el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Así tal cual, hay que decirlo con todas sus letras, son actos criminales que deben ser sancionados. La orientación sexual y la identidad de género no son enfermedades mentales ni físicas, así lo determinó la Organización Mundial de la Salud desde 1990.  

Con esta reforma, la gobernadora y el Congreso lanzamos un mensaje claro y contundente: no hay nada que curar. Ya actualizada la normatividad, lo que hay es un comportamiento criminal que se sancionará con penas de dos a seis años de prisión. Si las conductas tipificadas se realizan en contra de personas menores de edad, personas adultas mayores o personas que no tengan capacidad de comprender el significado del hecho se podrían alcanzar hasta nueve años de prisión.  

Como legisladora comprometida con los derechos humanos me siento orgullosa por haber acompañado el proceso de aprobación de esta iniciativa de la titular del Ejecutivo Estatal. Sobre todo, me siento profundamente agradecida con quienes nos respaldaron con su voto o con palabras solidarias.  

A la gobernadora Salgado Pineda, le reconozco su sensibilidad ante las causas y demandas de la diversidad sexual, así como su compromiso con los derechos humanos. A mis compañeras y compañeros diputados, les agradezco su disposición al diálogo y reconozco su permanente voluntad para construir acuerdos. Una vez más las coincidencias entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo impactan positivamente en el pueblo guerrerense.  

A quienes nos antecedieron en los colectivos y liderazgos de la diversidad les agradezco por resistir y persistir, por alzar la voz y señalar estos actos criminales disfrazados de terapias. En particular, a quienes fueron víctimas, quiero decirles que lo logramos. Hemos removido un obstáculo más para que la orientación sexual y la identidad de género puedan asumirse y ejercerse sin temores.  

Podemos celebrar una victoria más en el trayecto hacia la igualdad y el reconocimiento pleno de nuestros derechos. Sin embargo, no hay que bajar los brazos, la lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ+ no se agota en esta reforma. Hay una agenda más amplia que iremos atendiendo, paso a paso, codo a codo.  

Por el momento, desde el Poder Legislativo adecuamos la normatividad para dejar claro que la orientación sexual y la identidad de género no son enfermedades. En la diversidad sexual no hay nada que curar. La única cura deseable es la del daño perpetrado históricamente a la comunidad LGBTIQ+. La única conversión aceptable es la de los criminales. No se requieren terapias, se necesitan derechos, justicia y libertad.

*Acapulqueña, politóloga egresada de la Universidad Iberoamericana (IBERO) y diputada presidenta de la Jucopo