Ángel Pineda

El Congreso del estado aprobó por unanimidad la Ley de Amnistía para el estado de Guerrero, con el objeto de establecer las bases para decretar amnistía en favor de personas que estén vinculadas a proceso o se les haya dictado sentencia firme ante los tribunales del orden común, por los delitos previstos en esta ley, cometidos hasta la fecha de entrada en vigor de la misma, siempre y cuando no sean reincidentes. 

En el dictamen realizado por la Comisión de Justicia se expone que las autoridades encargadas de la aplicación de la Ley de Amnistía serán el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, así como la Fiscalía General del Estado. Asimismo, se podrá decretar amnistía en los delitos de aborto en cualquiera de sus modalidades previstos en el Código Penal del Estado, cuando se impute a la madre del producto del embarazo interrumpido, a las y los médicos, cirujanos, comadronas o parteras u otro personal autorizado de servicios de salud que hayan auxiliado en la interrupción del embarazo.

La concesión del perdón, de la misma forma, se dará en casos de delitos imputados a personas campesinas de notoria pobreza económica o pertenecientes a los pueblos originarios, comunidades indígenas o afromexicanas. Se les otorgará amnistía también a las personas encarceladas por el delito de robo simple y sin violencia, cuando el monto de lo robado no exceda de las 400 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, previa garantía de la reparación integral del daño a víctimas u ofendidos.

De este beneficio podrán gozar también las mujeres acusadas o sentenciadas por exceso de legítima defensa en la protección de su vida e integridad, o al de sus ascendientes o descendientes; a las personas mayores de 65 años de edad que padezcan enfermedad terminal o crónico-degenerativa grave; por el delito de sedición o apología del delito de sedición.

Al razonar su voto a favor del dictamen, la diputada Leticia Castro Ortiz, promovente de la iniciativa, manifestó que el espíritu de esta ley conlleva un gran sentido social porque beneficiará, principalmente, a las personas de alta marginación, garantizándoles el acceso a la justicia y, en su caso, la reparación de daños, pero sobre todo, permitiendo su reintegración a la sociedad. 

Puntualizó que la ley no pretende ser un pasaporte a la impunidad, sino una ventana de acceso a la justicia para quienes no la han tenido por sus deplorables condiciones económicas y sociales, como las mujeres que interrumpieron su embarazo, campesinos, integrantes de pueblos indígenas y afromexicanos que se encuentran bajo prisión por delitos menores y no han contado con una defensa adecuada.