Ángel Pineda

El pleno del Congreso del estado aprobó reformas y adiciones a la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero para generar un procedimiento adecuado en casos de revocación de concesiones, que no deje al concesionario en estado de indefensión y garantice el derecho de audiencia a todas las partes.

En el dictamen elaborado por la Comisión de Transporte, derivado de una iniciativa de la diputada Angélica Espinoza García, se reconoce la importancia de hacer las modificaciones pertinentes a la ley porque en reiteradas ocasiones las unidades automotrices que prestan el servicio público de personas o bienes se han visto involucradas en accidentes de tránsito, siendo algunas de las causas el consumo de alcohol, exceso de velocidad, fallas mecánicas por falta de mantenimiento, entre otras causales.
Por lo anterior, se plasmó en la ley que es causa de revocación de las concesiones o permiso respectivo cuando la unidad de transporte sea conducida por una persona en estado de ebriedad o bajo los efectos de algún estupefaciente o substancia psicotrópica, o bien cuando, por las condiciones mecánicas de la unidad automotriz, se produzca un accidente de tránsito o siniestro vial que provoque la pérdida de una vida humana.

Asimismo, se establece que el proceso de resolución, revocación o la caducidad de una concesión del servicio público de transporte estará a cargo de la Secretaría General de Gobierno, a través de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, bajo el debido proceso y cuidando el no dejar a la persona concesionaria en estado de indefensión, respetando en todo momento sus garantías constitucionales.

Sobre el dictamen aprobado por unanimidad, la diputada Angélica Espinoza García razonó su voto a favor, destacando que estas modificaciones resultaban prioritarias y son esenciales para asegurar un servicio público eficiente y equitativo, acorde a las necesidades de la colectividad, y de razonable utilidad para los transportistas.