Citlali Calixto Jiménez

El 5 de febrero de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador, envió a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión un paquete de 20 iniciativas de reforma. La mayoría plantean cambios a nuestra Carta Magna para adecuarse a las necesidades sociales más sentidas y a los tiempos de transformación humanista que vivimos en México. Fue una manera de conmemorar con simbolismo histórico el 107 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La reforma que más llamó la atención mediática fue la de carácter judicial. Hay quienes la consideran un “atentado contra la división de Poderes”. En mi opinión, se trata de una reforma urgente, democratizadora e impostergable. Pongamos en perspectiva el asunto para refutar mentiras y aportar argumentos basados en evidencia.
En primer lugar, hay que resaltar el carácter urgente de esta reforma. Lo es porque la justicia en México es sumamente elitista y el Poder Judicial está impregnado de nepotismo. Veamos un par de datos. En México 6 de cada 10 personas internadas en las cárceles provenían de hogares con ingresos menores al salario mínimo y 1 de cada 4 vivía en situación de pobreza alimentaria (Encuesta Nacional Penitenciaria, 2023). Prácticamente la mitad de las y los jueces y magistrados tienen al menos a un pariente en el Poder Judicial de la Federación. Imagínense que un solo magistrado en Durango logró colocar a 17 de sus familiares.
En segundo lugar, veamos el aspecto más sustantivo de la iniciativa presidencial de reforma. Se propone que las personas Ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), personas Magistradas de Circuito, las y los jueces de distrito y las personas Magistradas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sean electas por voto popular. Se trata de una iniciativa que busca extender y profundizar la democracia. Desde mi perspectiva, darle más poder al pueblo no tiene nada de malo. Al contrario, un pueblo con más capacidad de decisión solamente refuerza los beneficios de vivir en democracia.
En tercer lugar, es necesario insistir en que la aprobación de esta reforma es impostergable. En los Diálogos Nacionales sobre las Reformas Constitucionales ha quedado claro que el peor escenario es la continuidad, el status quo que tanto anhelan los conservadores. El personal que labora en los distintos órganos del Poder Judicial ha señalado los vicios organizacionales y los problemas estructurales que hoy predominan en la SCJN y en los Juzgados. La inercia ha sido el principal obstáculo en hacer de la justicia un instrumento de paz y bienestar en México.
Además, ya se han escuchado todas las voces que desde una pluralidad de puntos de vista han expresado su postura. La reforma al Poder Judicial ha sido objeto de deliberación y análisis en cinco Diálogos Nacionales realizados en Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Chiapas y Veracruz. Ahí se han planteado argumentos a favor y muchas mentiras en contra. Sin embargo, lo importante es que en estos espacios democráticos y plurales todo mundo ha sido escuchado, todas y todos los interesados han ejercido su libertad de expresión.
Ha quedado claro que tenemos un Poder Judicial que no ha sido capaz de responder a las necesidades más apremiantes del pueblo, con altos funcionarios que se negaron a ajustar sus sueldos conforme a la ley de austeridad. ¿Queremos seguir con un Poder Judicial que no acata las reglas o queremos renovarlo por uno con personas con vocación de servir y no de servirse? ¿Queremos democratizar al Poder Judicial? Solamente el 12.4% de la población piensa que las y los jueces desempeñan su labor con mucha efectividad. Un escaso 14.8% siente confianza por los jueces y un claro 66% piensa que son corruptos (Envipe, Inegi, 2023).
Un Poder Judicial capturado por las élites políticas y económicas del país no puede garantizar justicia social como un bien público. No hay de otra, si queremos ampliar las avenidas de la transformación, el Poder Judicial debe ser objeto de una reforma radical. No hay lugar para medias tintas, hay que darle al pueblo el poder de decidir con su voto la integración de los principales órganos jurisdiccionales.
La reforma propuesta no busca despedir a nadie como falsamente se ha afirmado en medios de comunicación. Todas las personas que hoy forman parte del Poder Judicial tendrían la oportunidad de buscar el voto popular para mantenerse en sus cargos o aspirar a otros mayores. Hay quienes dicen que saldrá muy caro organizar las elecciones de personas jueces, magistradas y ministras. Desde mi perspectiva, sale más cara la impunidad, la justicia elitista y el nepotismo judicial.
Con altura de miras y la visión de Estadista, el presidente López Obrador diseñó una alternativa que le da al pueblo la decisión final de sancionar o premiar el desempeño, de determinar el nivel y la gradualidad del cambio que requiere el Poder Judicial. Aprobar esta reforma implicará democratizar al Poder Judicial, pero también reforzará la democracia que en la pasada jornada electoral demostró gozar de cabal salud. Ya lo ha dicho la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, la reforma busca “combatir abusos y procurar justicia”.
Estoy convencida de que esta reforma al Poder Judicial marcará el inicio de una nueva era en la vida política y social de México. Desde el Congreso de la Unión las y los representantes populares tienen la oportunidad de desmontar lo último que queda del viejo régimen priísta y empezar a edificar el segundo piso de la transformación.
*Acapulqueña, politóloga egresada de la Universidad Iberoamericana (IBERO) y diputada presidenta de la Jucopo.