Napoleón Gómez Urrutia

El legado de transformación profunda que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha construido en el ámbito laboral durante los últimos cinco años es innegable. Hemos sido testigos y formado parte de un esfuerzo titánico por rectificar las desigualdades históricas y modernizar las condiciones de trabajo en nuestro país. Con la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, es crucial que este rumbo se mantenga firme y que no se pierda de vista la necesidad de continuar fortaleciendo los derechos de la clase trabajadora.
Los próximos años deben ser decisivos para consolidar y ampliar las reformas que ya han comenzado a dar frutos. No basta con haber alcanzado logros como la prohibición de la subcontratación de personal o la incorporación de derechos para las y los trabajadores del hogar; es imprescindible que avancemos hacia la aprobación de otras medidas que quedaron pendientes en la última legislatura, tales como la reducción de la jornada laboral, el incremento del aguinaldo, la creación de un fondo de pensiones, y la consolidación de un Sistema Nacional de Cuidados. Estas iniciativas no solo mejorarán las condiciones de vida de millones de trabajadores, sino que también contribuirán a una mayor justicia social en nuestro país.
En este sentido, resulta imperativo que el nuevo gobierno establezca una agenda laboral clara y concreta, dirigida a cumplir con estas metas que son de vital importancia para la mayoría de los ciudadanos. México cuenta con una fuerza laboral robusta y dinámica que, en gran medida, sostiene la economía del país. Las leyes laborales no son simplemente disposiciones legales; son la columna vertebral de la estabilidad y el bienestar de millones de familias mexicanas.
La próxima administración tiene la responsabilidad de no dar un paso atrás. La transformación del mundo del trabajo debe continuar con la misma fuerza e ímpetu con que ha sido emprendida hasta ahora. La presidenta Sheinbaum debe guiar al país con un rumbo claro, asegurando que las reformas laborales no solo se mantengan, sino que se profundicen, con el objetivo de garantizar un México más justo y equitativo para todos.
Las reformas laborales de los últimos años que he impulsado como presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, han incluido más de 30 modificaciones legales, todas en beneficio de la clase trabajadora, y han sido un avance significativo; sin embargo, no debemos conformarnos con lo que ya se ha logrado. La agenda laboral debe ser una prioridad absoluta, y las metas a obtener deben estar orientadas hacia la protección y el fortalecimiento de los derechos de la clase trabajadora. Sólo así podremos asegurar que el futuro de nuestro país esté cimentado en la justicia social y el respeto por la dignidad de cada trabajador.
Hoy tenemos en nuestras manos la oportunidad de continuar con esta gran transformación y hacer historia. Es el deber del gobierno de México, de los sindicatos y de la clase obrera comprometerse y avanzar en unidad en esta dirección, sin titubeos, con determinación y con una visión clara de un México más digno y justo para todos.
Es momento de unirnos en la lucha por los derechos laborales, pues no se trata sólo de políticas o leyes abstractas, sino de la vida y la dignidad de millones de mexicanos. Cada avance en esta causa es una victoria compartida; cada paso atrás, una pérdida para todos. La justicia laboral no es un asunto exclusivo de los trabajadores; nos atañe a todos como sociedad. En nuestras manos está el poder de construir un México donde el respeto por la labor humana sea inquebrantable, un país en el que el esfuerzo de cada persona sea valorado y protegido. Involucrarnos en esta lucha no es sólo un deber moral, es una responsabilidad colectiva. Juntos, podemos y debemos ser los guardianes de los derechos que tanto nos ha costado conquistar.
En memoria de Julio Pomar