Napoleón Gómez Urrutia

Nuestro país está en un momento histórico clave: las reformas que hoy se debaten y aprueban en el Poder Legislativo representan avances significativos y marcan la pauta para la continuación del cambio democrático. Estas modificaciones en la Constitución apuestan por una renovación en las instituciones y reafirman un compromiso con la dignidad, la justicia, la igualdad y el bienestar del pueblo mexicano. En este proceso, México se encamina hacia un futuro en el que las estructuras de poder corruptas serán remplazadas por instituciones al servicio del pueblo en la consolidación de un país más justo, libre y soberano.
En principio, con la reciente aprobación de la Reforma Judicial se respetará la voluntad general de las y los mexicanos, pues se plantea la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). ¿Qué significa o representa esto para el pueblo? Que, por primera vez, la justicia estará en manos de los ciudadanos. Los tribunales, que históricamente han estado al servicio de una minoría, se abrirán a la vigilancia y evaluación de la ciudadanía. Esto es un paso histórico hacia un verdadero estado de derecho, donde los jueces ya no podrán actuar con impunidad, sino que deberán rendir cuentas ante la sociedad que les elige.
La reducción en los tiempos de mandato de los magistrados y jueces permitirá una renovación constante de las instituciones encargadas de actuar con neutralidad y transparencia al aplicar los mecanismos para ejercer la igualdad y la justicia, evitando la perpetuación de los privilegios. La eliminación de la pensión vitalicia para los ministros de la SCJN también es una señal clara de que la justicia debe ser un servicio a la sociedad y no una fuente de beneficios personales.
Con la creación de un órgano administrativo, independiente del control de la Suprema Corte, se garantizará una mayor transparencia y eficacia en la administración de los recursos en aras de alcanzar la equidad y la imparcialidad. El nuevo ente, al supervisar la carrera profesional de los candidatos y los asuntos presupuestarios, pondrá fin a las estructuras corruptas y de nepotismo que han socavado la credibilidad del sistema judicial. Por otro lado, la reforma de la Guardia Nacional (GN), que busca consolidar su integración a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), es clave para garantizar la soberanía y la protección del país.
La GN, que ha sido pieza central en la estrategia de seguridad del actual gobierno, necesita fortalecer su estructura y capacidad operativa para enfrentar los desafíos que presenta el crimen organizado.
La reforma propuesta proporcionará a la GN un respaldo institucional sólido, que le permitirá actuar con mayor eficacia y coordinación. Lo cual no sólo beneficiará a las zonas más afectadas por la violencia, sino que contribuirá a la paz y la tranquilidad de todo el país. Se deberán establecer de manera rigurosa mecanismos de supervisión y vigilancia bajo la guía de la Sedena, para que se garantice que las operaciones de seguridad sean más eficientes y respetuosas de los derechos humanos.
Otra de las grandes transformaciones que surge desde el Poder Legislativo es la reforma de derechos indígenas. Este cambio al artículo 2 de la Constitución tiene el potencial de corregir siglos de injusticia y marginación hacia los pueblos indígenas y afromexicanos. La garantía de una consulta previa, libre e informada para cualquier decisión que afecte sus territorios y recursos es un derecho fundamental que debe ser respetado, y con esta reforma se le otorga el peso constitucional necesario. El reconocimiento de sus sistemas normativos y la protección de su patrimonio cultural, material e intelectual preserva la identidad de estos pueblos y contribuye al enriquecimiento cultural de México. Asimismo, la educación intercultural y plurilingüe, junto con el reconocimiento de la medicina tradicional, refuerzan el respeto a su cosmovisión y la diversidad que define a nuestro país.
Las reformas no son sólo cambios legales, son los pilares sólidos de la transformación que busca llevar la justicia, la seguridad y el reconocimiento de los derechos a todas y todos los mexicanos. Son el cimiento para una sociedad más igualitaria y justa, donde el poder deje de estar concentrado en manos de unos pocos y las instituciones trabajen al servicio de todos, especialmente de quienes más lo necesitan.
El pueblo mexicano, al participar directamente en la elección de sus jueces, al confiar en una Guardia Nacional fuerte y eficiente, y al ver reconocidos los derechos de sus pueblos originarios, está construyendo un país nuevo. Una nación en la que la justicia y la seguridad no sean privilegios, sino derechos garantizados, un México donde la transformación es ya una realidad en marcha.
Estas reformas son el comienzo de una nueva etapa en la transformación del país. Con fuerza, unidad y el respaldo del pueblo, la naciente administración deberá emprender la tarea de consolidar los cambios que cimentarán una nación más equitativa y próspera, sobre bases sólidas de justicia social y derechos para todas y todos. La unidad entre el pueblo y su gobierno debe ser el motor que impulse este proyecto, asegurando que la lucha por un México mejor siga siendo la esperanza y el corazón de una inédita y nueva era.