Analizan exhorto a alcaldías y OPD para liquidar adeudos con el Issspeg
Ángel Pineda
A la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo del Congreso del estado fue turnada una propuesta de exhorto a varios ayuntamientos y entidades municipales (OPD) como Capama, DIF Acapulco, Capami y Simapa Tixtla para que paguen sus adeudos al Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (Issspeg), garantizando con ello a todas y todos los servidores públicos, jubilados, pensionados y sus familiares el derecho humano a la seguridad social.
De acuerdo con lo expuesto por el diputado promovente, Héctor Suárez Basurto (Morena), el Issspeg enfrenta problemas financieros severos que desde hace varios años lo mantienen en una etapa de déficit, poniendo en riesgo el otorgamiento a corto plazo de jubilaciones y pensiones para futuras generaciones.
Explicó que conforme al portal de transparencia del Issspeg, entre el sector paraestatal y central hay más de 31 mil cotizantes, en comparación con 6 mil 500 jubilados y pensionados en la nómina de este organismo, cifras que deberían ser suficientes para mantener un equilibrio entre las aportaciones de los servidores públicos en activo y el pago sustentable a los pensionados y jubilados.
Sin embargo, señala que esto se complica debido al retraso significativo en el pago de sus enteros y aportaciones de algunos organismos que tienen adeudos históricos con este instituto, lo que dificulta pagar 94 millones de pesos al mes a los beneficiarios.
Suárez Basurto refirió que el Ejecutivo estatal ha hecho varios esfuerzos para garantizar la seguridad social de los servidores públicos, entregando el año pasado pagos de pasivos atrasados a 316 pensionistas, con una inversión de casi 12 millones de pesos, lo cual, sin embargo, no es suficiente.
Mencionó, asimismo, que el año pasado el Congreso del estado recibió una iniciativa de reformas a las Leyes de Responsabilidades Administrativas y del Sistema de Coordinación Hacendaria, ambas del estado de Guerrero, para obligar a los entes públicos a pagar sus aportaciones en tiempo y forma, y sancionar a aquellos que no lo hagan.