“Hoy ya está pintada la raya; vamos avanzando a contracorriente”, afirma

Rosalba Ramírez Hernández

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, atribuyó que la violencia en el estado de Guerrero se debe a los acuerdos entre los grupos de la delincuencia organizada y gobiernos anteriores.

El viernes pasado, el mandatario federal ofreció su conferencia mañanera desde la Décima Segunda Región Naval, acompañado de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

Ahí, el mandatario respondió que el repunte de la violencia en Acapulco fue por los acuerdos entre asociaciones delictivas con el gobierno federal y estatal, pero que hoy “ya no se mezcla delincuencia con gobierno. Está pintada la raya”.

“Nos dejaron un país con mucha violencia porque los anteriores gobernantes estaban amafiados con la delincuencia, en el gobierno de (Felipe) Calderón se estableció un narcoestado, por eso (Genaro) García Luna está preso”, sentenció.

Añadió que hubo grupos armados que se fueron tolerando desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y el gobierno anterior de Enrique Peña Nieto.

Afirmó que la violencia no es un asunto que “se pueda resolver como quisiéramos. Guardaban silencio anteriormente y hoy se está avanzando. La paz es un proceso de la justicia, pero hay que continuar. Es complicado purificar la vida pública de gobiernos corruptos”.

Dijo que en el gobierno de Calderón Hinojosa “metieron un golpe al avispero sin un diagnóstico de la inseguridad y fue lo peor porque (el titular de la Secretaría de Seguridad Pública) estaba metido con los grupos criminales”.

Insistió en que en los gobiernos anteriores se sumó “bastante atraso, rezago y vicios” y negó que desde su percepción él vea focos rojos de violencia en el puerto, aunque admitió: “vamos avanzando a contracorriente, hay repuntes por los acuerdos de gobiernos anteriores”.

Dijo que precisamente en esos gobiernos, no se permitía que las secretarías de Marina y la Defensa Nacional hicieran labores de seguridad, pero que se hizo el esfuerzo de modificar la Constitución para permitir que fuerzas castrenses otorgaran labores de seguridad pública.