Ángel Pineda

El Congreso del estado de Guerrero aprobó por unanimidad un dictamen por el que la 63 Legislatura remite al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para integrar la extorsión en el catálogo de delitos que cuentan con medida cautelar de prisión preventiva, haciendo que quienes lo cometan permanezcan privados de su libertad mientras transcurre su proceso penal, garantizando la seguridad de las víctimas. 

De acuerdo con el dictamen emitido por la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, una vez analizados los aspectos de legalidad, homogeneidad y criterios de la iniciativa presentada por el diputado Joaquín Badillo Escamilla, se dictaminó en sentido positivo por cumplir con todas las particularidades y coadyuva a contar con una legislación vigente que sea funcional y no es violatoria de los derechos humanos. 

Resalta la propuesta de reforma al artículo 19 de la Carta Magna la necesidad de incorporar el delito de extorsión entre los ilícitos que merecen prisión preventiva oficiosa, a fin de que los detenidos permanezcan privados de su libertad mientras se les sigue el proceso penal, y con ello proteger la seguridad de las víctimas y ofendidos, de los testigos y de la sociedad en general, ya que la libertad de los extorsionadores representa un grave peligro para los mismos. 

Abunda, asimismo, en que este delito afecta de manera directa a los comerciantes, pequeños y medianos empresarios, y todo aquel inversionista que genera economía en las entidades, causando no solo daño físico, psicológico y patrimonial a las víctimas, sino a las familias que temen por su integridad y por la pérdida de sus bienes o sus ahorros, dejándolos en la vulnerabilidad e indefensión.