Ángel Pineda

El diputado Carlos Eduardo Bello Solano presentó una iniciativa de adición a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Guerrero para armonizarla con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a efecto de fortalecer la transparencia y asegurar que las cuotas y descuentos destinados a la seguridad social de las y los trabajadores se manejen de manera adecuada, protegiendo su derecho a la seguridad social. 

Propuso, asimismo, que para garantizar este derecho se plasme en la ley que quien no entregue las aportaciones de los servidores públicos en los términos y condiciones que fijen sus respectivas leyes laborales y de seguridad social, cometerán una falta administrativa grave sujeta a severas sanciones. 

El diputado por Morena explicó en tribuna que a partir de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, la seguridad social como derecho humano se encuentra protegida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Refirió igualmente que en la actualidad México cuenta con varios sistemas de seguridad social, de los cuales destacan dos instituciones públicas, el IMSS y el Issste.

Bello Solano expuso que luego de la expedición de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que entró en vigor el 17 de julio de 2017, las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, deben realizar las adecuaciones normativas correspondientes, a fin de crear el andamiaje legal, institucional y de prácticas gubernamentales que permita materializar con eficiencia y transparencia los esfuerzos anticorrupción.

“Las aportaciones de seguridad social son contribuciones obligatorias que se realizan para cubrir los gastos públicos y brindar servicios de seguridad social a los trabajadores y sus familias, acceso a cuidados de salud, como consultas médicas, medicamentos, hospitalización y otros servicios relacionados; garantizar la seguridad del ingreso en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes de trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia, así como un seguro obligatorio que protege la estabilidad financiera y social del trabajador. Por todo ello, es nuestro deber generar leyes que garanticen este derecho humano”, apuntó. 

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación.