Las voceras demandan que exista transparencia durante el proceso

Rodolfo Valadez

Unos 40 trabajadores de contrato pertenecientes a la Jurisdicción Sanitaria 05 Costa Grande, protestaron en las instalaciones provisionales de esa dependencia en Tecpan, para exigir a la Secretaría de Salud federal (SSA), la regularización de más de 250 empleados eventuales que hay en la región, pues todos carecen de certeza laboral dentro del proceso de cambio del sector salud al IMSS-Bienestar.

Los empleados, provenientes de los municipios de La Unión, Coahuayutla, Zihuatanejo, Atoyac, Coyuca de Benítez, Petatlán, Tecpan y Benito Juárez, se apostaron fuera del inmueble, donde colocaron cartulinas en las que manifestaban sus inconformidades y exigencias para que la Federación regularice a los trabajadores afectados, entre ellos varios que tienen ocho, nueve y hasta 10 años dentro del sector salud, siempre con contratos que se renuevan cada seis meses.

En entrevista, las representantes de los trabajadores, Montserrat Guadalupe Corona Flores y Silvia Acosta Pérez, contaron que existe zozobra y temor entre los empleados por perder su trabajo, debido a que no es transparente el proceso de cambio que lleva a cabo el gobierno federal, señalaron que hasta el momento, de los más de 250 trabajadores eventuales en esta región, solamente tres recibieron la notificación de que accedieron a la segunda etapa del proceso, mientras el resto se mantiene en la incertidumbre de saber si mantendrán o no sus empleos.

Las voceras, demandaron que haya transparencia en el proceso y sobre todo justicia, pues en las otras regiones del estado, en las que está por finalizar el proceso, trabajadores con poco tiempo de servicio, ya recibieron sus bases en vez de aquellos que tienen más antigüedad.

Entre los protestantes está Ariana Ramírez Mora, quien trabaja en el programa de vacunación desde hace 10 años en la comunidad de El Súchil, en Tecpan. Ella asegura que en el tiempo que lleva carece de seguridad social, de prestaciones laborales y gana el sueldo mínimo, además de que cada seis meses su incertidumbre es constante por carecer de seguridad sobre si su contrato será renovado, misma situación que viven sus compañeras Lizbeth Díaz Lino, con 9 años de servicio y Diana Hernández Manrique, con 10.

Por su parte, la jefa jurisdiccional, Paloma Chavarría deslindó a la Jurisdicción Sanitaria del problema y señaló que el proceso de cambio es responsabilidad de la SSA federal.